IV · Madurez: la oposición · 1972 · Revista Índice (número secuestrado)

Entrevista en Índice

Declaraciones a Equipo XXI de la revista Índice

Por muchas vueltas que he dado a nuestra ordenación política, el análisis «de hecho» de la misma me lleva siempre a la misma conclusión. En 1939 y por virtud de una guerra, las fuerzas armadas españolas habían consumado el proceso de sustitución de la soberanía popular. El centro de decisión última había pasado de la segunda a las primeras. La plena delegación de los poderes de esas fuerzas armadas a la persona de su comandante en jefe era la constitución política efectiva en el país. Lo que quedaba fuera de esa actualización de una soberanía, primero sustituida y luego delegada, pasaba a ser influencia pero no poder.

«El sindicato de intereses» de que he hablado alguna vez, tenia influencia: la Iglesia mucha, los grandes centros económicos alguna, el Partido único bastante aunque su constitución jerárquica hacía improbable su ejercicio «de abajo arriba». Supuesto que hoy la influencia de la Iglesia es mucho menor, la del Partido único irrelevante y la del poder económico cautelosa con algunos ribetes de servilismo, ¿qué queda? Un precario aparato de autolimitación del poder representado por las Cortes, que no encarnan soberanía. Un cierto grado de presión popular difusa que influye pero no tiene cauce para «imponer». Así pues, la soberanía sigue como siempre concentrada en la que Aranguren llamó «Institución Persona». Pero ya dijimos que ese poder era, originariamente, delegado, aunque sin reservas. Pero si en las democracias, concluido el poder representativo, la soberanía vuelve «en acto» al pueblo, en el sistema que a grandes rasgos hemos descrito, el poder delegado, al consumirse, sólo puede volver al delegante. ¿Qué hará éste? ¿Autorizar a los aperturistas? ¿Respaldar a los celantes? ¿Destacar un núcleo propio de decisión y tomar directamente la responsabilidad? ¿Ofrecerse sin condiciones a la Institución Monárquica? ¿Ofrecerse a ella con la exigencia de una plena continuidad del sistema? ¿Tomar la decisión de devolver a la nación la soberanía sustituida? ¿Configurarse como minoría mesiánica para un experimento de reformismo autoritario? No me parece que un análisis racional de las condiciones presentes y conocidas permita responder con un mínimo de certidumbre a tan variadas preguntas que cada uno, según su esperanza, considerará unas más probables que otras.

Algo hay para mí resueltamente claro. Sólo eludiremos una contracción represiva o un trauma revolucionario si la respuesta a ese repertorio de preguntas pudiera consistir en una situación de hecho abierta a la negociación con los intereses reales del país expresados por grupos que, con alguna aproximación, los representan y dando a estos grupos tiempo y libertad para autentificar esa representación. Esta fórmula supondría la concreción del poder en una encarnación neutra, alcanzada por el éxito de los moderados internos —que es lo menos probable—, por el otorgamiento de una confianza no condicionada al sucesor legal del jefe supremo del Régimen por parte de quienes mantienen la soberanía armada o por simple decisión del grupo dirigente que ellos mismos promovieran. Nadie puede prever, por ejemplo, un traspaso incondicional de poderes a un gobierno de la oposición extraconstitucional, a lo que los ingleses llaman un gobierno fantasma. Pero sí a una institución personalizada que se dispusiera a negociar con aquélla y a gradualizar pacíficamente la creación de las condiciones conducentes a una verificación pública de su valor, lo que es como decir el paso a una democracia en el sentido ordinario y no adjetivado —esto es, no contradicho— de la palabra. ¿Que imaginar esto es cosa aún más difícil que imaginar el proceso evolutivo interno por el que hemos mostrado desconfianza? No lo creo así porque el desenlace sería el mismo pero el trámite más fácil y la obtención de seguridades recíprocas para el orden público y la gradación del cambio político más probable y segura.

Respecto a ese cambio político, estarnos viendo ahora que se impone la opción entre propiciarlo o retrotraer la situación a sus orígenes violentos. La sociedad española es cada vez más compleja y sus tensiones más vivas y —pese a ello— menos desesperadas o más racionalizables y negociadoras. Lo que desaconseja la represión en grado aún mayor. Se ha dicho, se puede decir, que el país no cabe ya en sus marcos institucionales y, aunque distraído de la cosa pública —no se ha hecho en los últimos veinticinco años más que orientarlo hacia la privatización—, es suficientemente adulto para entenderla como contrato.

Pero sobre todo no hay nadie que ponga en duda —ni los que lo propugnan— que el retroceso integrista y represivo conduce a España al aislamiento y la inferioridad. Vivir en una situación de arrendamiento de bases militares es «inferior» a formar parte de una alianza defensiva igualitaria. Disponer de un tratado preferencial en Europa es «inferior» a tener voz y voto en el proceso de su integración. Incluso limitar el ámbito de las relaciones internacionales excluyendo ciertos países, representa una situación de encogimiento. Es posible que hasta ahora el aislamiento relativo no se haya traducido más que en un cierto embotamiento de los estímulos de desarrollo y un cierto acortamiento de las perspectivas de mejora social. Pero no tardará en convertirse en un factor de estrangulamiento, cómodo para pocos, exasperante para la mayoría. La alineación política con alguna zona del mundo —pues ninguna autarquía es ya posible a plazo medio— es necesidad poco discutible. ¿Y qué otra región del mundo sino la europea ofrece para España mayores ventajas? Alinearse con el campo socialista es, por razones de comunicación, casi imposible, si es que el ejemplo de las otras réplicas subalternas del modelo soviético no la convirtiese en solución abominable. Ser cabeza moral del mundo hispanoamericano es o megalomanía o vaguedad retórica carente de sentido. ¿Y convertirse en la punta de penetración americana en Europa, en el mundo árabe, en el Mediterráneo? Tal solución de lacayo histórico no tendría en España un solo defensor. Ahora bien, si la integración a Europa es horizonte más incitante y popular y la decisión más conveniente y «natural», nadie puede poner en duda que tal integración exige la nivelación previa del sistema político español con los sistemas de la Comunidad en cuanto a las formas de legitimidad del poder —parlamentos soberanos— y en cuanto al estatuto de las libertades civiles. Ocultar esta condición no conduce a nada. Negarla es negar la evidencia. Ahora bien, ¿quién tomaría, por tiempo indefinido, la responsabilidad de preferir la conservación de un sistema cerrado a la participación de España en la única operación histórica que puede estimular a su sociedad a la plena expansión?

Si esta consideración llega a imponerse con todas sus consecuencias, me parece evidente que ello otorgaría al reformismo un papel de suma importancia en el conjunto de las fuerzas sobre las que habría de fundarse una constitución de nuevo cuño: de cuño democrático. Porque el reformismo es la ideología predominante en la práctica de la política europea. Al reformismo deben Inglaterra, Holanda, los países escandinavos y Suiza ser los países menos conflictuales y donde la situación del hombre concreto parece más satisfactoria. Y con menos homogeneidad y mayores factores de contramarcha —determinados en buena parte por la tensión a que somete a aquellas sociedades el volumen excesivo de movimientos de definición revolucionaria sin salida propia— se puede decir que al reformismo deben también sus avances económicos, sociales y culturales Francia e Italia. La tensión o conflicto de intereses que se va resolviendo en síntesis sucesivas o en sucesivos compromisos «de avance» en un dinamismo perfectivo que no tiene por qué asignarse un término absoluto, es el sistema mismo del progreso europeo llevado por caminos más flexibles que el americano —en cuyo seno ciertos modos de conflicto adquieren forma destructiva— o que el soviético, en el que la cristalización del socialismo en la fase instrumental del capitalismo de Estado no permite grandes esperanzas.

Sí. España andaría bien por la vía reformista, lo que seguramente exige, incluso, la presencia de presiones minoritarias menos prudentes a los flancos del camino. Pero la vía reformista es incompatible con el miedo a la libertad, a la competencia, al libre juego de las fuerzas sociales y al escalonamiento de los conflictos con salida. Mientras todo esto nos parezca horrible o temerario viviremos en el marasmo civil, impulsados por arbitrismos de gabinete que no se hacen vida social auténtica.

Añadiré que la previsión de una era reformista exige una cierta mentalización que yo formularía como limitación razonable de las esperanzas políticas. Me explicaré. La secularización de la vida civil es aún cosa reciente, especialmente en España, y ello mantiene en conserva —y a veces en explosión—una tendencia al absolutismo de los fines, a la esperanza mesiánica y taumatúrgica en una escatología perfectista. Pero éstas son, a mi juicio, tendencias pertenecientes al orden religioso. El orden de perfecto ajuste entre trabajo y medio, libertad y necesidad, felicidad subjetiva y satisfacción objetiva, etc., pertenece igualmente a un pensamiento religioso, que puede ser pesimista-reaccionario u optimista-revolucionario. En el primer caso se apoya en una nostalgia: apartarse lo menos posible de alguna perfección pasada. En el segundo la ilusión es literalmente escatológica: llegar al cumplimiento de la historia, cuyo sentido sería científicamente determinable. A mi juicio, de este exceso de fe en la política sólo pueden salir frustraciones y desgracias. La política puede crear el orden objetivo menos opuesto a la realización del hombre según sus potencias en aumento, tanto en el aspecto de la acomodación del medio a sus necesidades como en el del conocimiento de la realidad o el de la aclaración de la conciencia individual y su ajuste comunitario. Pero crear las mejores condiciones posibles no es obtener, sin más, los fines en grado absoluto. Ante todo, porque las condiciones no serán nunca las mejores posibles, ya que lo humano es descubrir posibilidades nuevas tras cada uno de sus logros. Pero además porque las condiciones objetivas no garantizan para nada estados de satisfacción, de felicidad o de plenitud en la conciencia personal ni, por otra parte, eliminan conflictos o garantizan ajustes, porque para ello tendríamos que saber «condicionar» exactamente la libertad, en tal grado que el ser humano dejaría de serlo. A la política, y con ella la economía y aún la ciencia, no hay que exigirles ni, en cierta medida, permitirles otra cosa que ocuparse de las condiciones objetivas: producción de bienes, eliminación de poderes de opresión y vampirismo, estudio racional de necesidades básicas, organización de la seguridad en cualquier edad de la vida del hombre, obtención de instrumentos para su autocumplimiento. Pero que de todo ello resulten vidas perfectamente auténticas, plenas, satisfechas, felices y concordadas, es cosa tras-política que pertenece a unos dominios —cultural, ético, religioso o de maduración de la racionalidad— que la política no puede interferir sin desnaturalizarlos. Si el «Laissez faire» no vale ya para el orden económico-social, vale aún para el orden de eso que llamamos espíritu o realidad personal humana. Totalizar los términos de la política es violentar el proceso histórico, cuyo sentido no puede conocerse por vía científica porque se relaciona con el «sentido» mismo de la vida humana que sólo puede descubrirse —cuando se descubre— personalmente. Ser persona es justamente poseer vida «con sentido». Ahora bien, si la política no es el arte de «descondicionar» las posibilidades de que los hombres seamos personas —libres, responsables, solidarias— es que no sirve para nada. Porque cuando quiere servir para más —crear ella misma la felicidad, imponer ella misma el ajuste interpersonal— ejecuta una violación y obtiene justamente lo contrario. La infelicidad que se siente con frecuencia en los países sobredesarrollados y la tristeza abúlica que todo observador ha registrado en los países socialistas nace, en buena medida, de la inmoderada esperanza que la política ha impuesto a la imaginación de los hombres.

En cierta medida he ido exponiendo mi idea del reformismo, cuya mala prensa teórica, fomentada desde el integrismo revolucionario, no le ha hecho perder valor práctico salvo en la mente de los utopistas, género cuya utilidad me parece, por otra parte, evidente en toda sociedad en movimiento. Incluso, como ya dije, el reformismo necesita su «Utopía» de fondo, su modelo ético indicador porque, repito, el reformismo es siempre «hacia». Yo diría que en Europa el reformismo funde o sintetiza el liberalismo y el socialismo. Entiendo por liberalismo —a efecto de esta descripción— la actitud mental crítica, antidogmática y experimental a que varias veces me he referido. Y también la consideración de bienes irreversibles e indeclinables a las libertades concretas obtenidas por el hombre en las sociedades contemporáneas abiertas y evolucionadas. En tal sentido, el espíritu liberal me parece el único realmente opuesto al espíritu reaccionario. Ahora bien, el liberalismo ha dejado pendiente la universalización efectiva de las libertades o, dicho de otro modo, el desarme de los poderes sociales de carácter económico, educativo e informador que, en buena parte, frustran la libertad formal y deforman el desarrollo humano. La idea madre del socialismo: someter el aparato económico al hombre y no al contrario, exige sin duda la aplicación a la empresa económica de las formas de control de la democracia, la universalización de los bienes culturales como herramientas del desarrollo humano y el establecimiento de un aparato de seguridad que garantice a todos —incluso a los ineptos para la competencia— contra la miseria, la enfermedad y la ignorancia. En definitiva, la aspiración del socialismo a convertir la sociedad en comunidad por entrenamiento de los impulsos solidarios de la persona completa y no contradice el esfuerzo liberal por constituir un mundo de personas libres y responsables, tolerantes e incansablemente indagadoras. A mi juicio los movimientos liberal-socialistas que predominan en los países escandinavos, en Alemania, en Inglaterra, en el Benelux y —minoritariamente por desgracia— en Francia e Italia, responden bastante bien a esa síntesis inspiradora de un reformismo de revisión y perfeccionamiento y no de refundición radical. Los «clubs» políticos de la izquierda racionalista en Francia —Jean Moulin, Jacobinos, etc.— han marchado en la misma dirección. Y algo parecido puede decirse del movimiento de la izquierda liberal americana, que en los últimos años está sufriendo una crisis grave por el crecimiento de los movimientos desesperados, propios de las élites utópicas, pero antes y sobre todo de los ámbitos de subdesarrollo involucrados y discriminados en una sociedad próspera.

Pienso, sin embargo, que el reformismo euro-americano (e hispanoamericano) está muy necesitado de imaginación. La invención es algo que no debe excluirse de la política. La rutina que lleva, por ejemplo, a burocratizar sectores económicos con extensión indiscriminada parece más embotadora que estimulante. La dificultad de hacer compatibles los controles democráticos con la necesidad jerárquica de la mayor parte de los entes colectivos —ya se llamen empresas, municipios o partidos políticos— es otro desafío a nuestra imaginación. Los ejemplos pudieran multiplicarse. Podríamos decir que si el riesgo del conservatismo es el estancamiento en la injusticia y el del revolucionarismo autoritario la cristalización de los recursos instrumentales que cierran el paso a los fines preconizados, el peligro del reformismo es la rutina. «Hay que inventar», gritó un día Ortega y Gasset. Ese grito debería resonar a diario en los oídos de los que creemos que la historia es proceso acumulativo y perfectivo de libre impulsión humana y no fatalidad trazada por leyes indefectibles o genios impersonales.

Por ejemplo, entre nosotros, hablar investigadoramente —no simplemente hablar por hablar— de federalismo, sindicalismo, autogestión, empresa comunitaria; revisar el nivel económico de lo que es infraestructura; renovar la política fiscal y discriminar el gasto público; considerar la problemática de la culturalización extensiva y positiva o del control de los poderes a todo nivel; encontrar la relación válida entre tensión y diálogo; indagar las formas concretas de la libertad; estudiar científicamente la cuestión de las necesidades reales, de sus cambios, dilataciones, prelaciones, etc., etc., parecen cosas tan urgentes que dejarlas para mañana sería temerario. Pero nada de eso es ya tarea para un hombre y aun ni siquiera para un cenáculo. Decía Eugenio d'Ors que «el Espíritu Santo baja, pero baja sobre las asambleas». El tratamiento de luz, aire y competencia cooperadora sería la primera reforma de nuestro reformismo, hoy por hoy todavía de gabinete.

(23 de abril de 1972.)

MADRID. Don Dionisio Ridruejo compareció ayer ante el juez de Orden Público para prestar declaración en relación con el sumario abierto a instancia del ministerio fiscal, en relación con unas declaraciones hechas a «Equipo 21» de la revista Índice y que se incluían en el número correspondiente al 15 de septiembre. pasado .La revista fue secuestrada y unos días después salió con distinta porta da y sin las mencionadas declaraciones, sobre las que se investigan posibles indicios de criminalidad en relación con el delito de propaganda ilegal. ( Europa Press.)(5 de octubre de 1972.)

La revista fue secuestrada y unos días después salió con distinta porta da y sin las mencionadas declaraciones, sobre las que se investigan posibles indicios de criminalidad en relación con el delito de propaganda ilegal. ( Europa Press.)

(5 de octubre de 1972.)